La Eurocámara aprueba 17 millones de euros para luchar contra la pobreza
Alrededor de 78 millones de ciudadanos de la UE viven con riesgo de caer en la pobreza. Por ello, La Eurocámara quiere que el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (2010) cuente con el suficiente respaldo económico, y aprobó destinar 17 millones de euros a sus actividades, la mayor cantidad dedicada a un año europeo. Este dinero servirá para elaborar campañas informativas y encuestas con las que poder desarrollar políticas innovadoras.
Una parte importante de los ciudadanos de la UE “sigue sufriendo privaciones o un acceso limitado y desigual” a los servicios básicos. Alrededor de 78 millones de personas de la Unión, entre los que se encuentran 19 millones de niños, viven con riesgo de caer en la pobreza. Para atender a este colectivo y demostrar que la lucha contra la pobreza es “uno de los objetivos principales de la Unión Europea y de sus Estados miembros”, la Eurocámara respaldó un esfuerzo económico importante para el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión (2010) (enmiendas 1 y 4).
El Parlamento Europeo aprobó este programa con 635 votos a favor, 29 en contra y 10 abstenciones, y para el que piden 17 millones de euros entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2010. Los fondos comunitarios abarcarán hasta el 50% de los costes subvencionales de los programas, que compartirá con los países o las propias organizaciones. Por su parte, los Organismos Nacionales de Ejecución, que serán los encargados de poner en práctica las actividades del programa, podrán financiar hasta un 100% de los costes de los proyectos que se presenten (enmiendas 37, 42 y 52).
El objetivo de este año europeo es la sensibilización de la opinión pública a través de un mejor conocimiento de la situación en la que viven millones de europeos, la promoción del acceso de estas personas a derechos sociales, económicos y culturales, y la contribución a la lucha contra la estigmatización y los estereotipos. Para conseguir estos fines, el informe de Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU (PPE-DE, Grecia), detalla acciones como reuniones y campañas informativas a nivel comunitario y nacional, así como la elaboración de encuestas y estudios que sirvan para identificar soluciones innovadoras o que recoja las impresiones de la opinión pública sobre las políticas destinadas a combatir la pobreza y la exclusión (enmiendas 30 y 50).
El pleno espera que este año europeo sirva para reforzar el compromiso político contra la pobreza y la exclusión e impulsar la acción de la UE y los Estados miembros en este ámbito (enmienda 28). Llama la atención especialmente sobre aquellos grupos sociales más vulnerables, como familias numerosas, monoparentales o familias con una persona dependiente a cargo. Además, el Parlamento recuerda la “necesidad” de prestar apoyo a las regiones más desfavorecidas, así como las ultraperiféricas o las que han sido víctimas recientes de la desindustrialización (enmiendas 2 y 57).
Respecto al mercado laboral, el informe subraya la importancia del acceso a empleos de calidad, ya que se puede ser trabajador y estar en riesgo de pobreza. Por ello, considera “de vital importancia” que tanto las personas empleadas como desempleadas con escasas cualificaciones tengan oportunidad de una formación constante para evitar estas situaciones de riesgo (considerando 13).
La situación en España
En 2004, uno de cada cinco españoles estaba en riesgo de caer en estado de pobreza, por encima de la media europea del 16%. Además, estas tasas eran significativamente elevadas entre colectivos tradicionalmente más vulnerables, como los mayores que viven solos (47%), niños hasta los 17 años (25%), familias monoparentales (37%) y desempleados (40%).
Entre las prioridades que la UE detecta en nuestro país, figura la ruptura de la transmisión intergeneracional de pobreza, a través de la reducción de las altas cifras de abandono escolar, continuar con la inclusión de los colectivos vulnerables, como los inmigrantes, o salvar las diferencias regionales en la provisión de los servicios sanitarios.
Fuente: Europarlamento
